Condenaron a 4 años a ex secretario del juez Soto Dávila por espiar a su esposa
Se trata de Pablo Molina, quien era mano derecha del magistrado. Juntos fueron sentenciados a prisión por recibir coimas de narcos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra Pablo Carlos Molina, un ex secretario judicial. La condena se impuso por delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, en un caso que expuso una grave intrusión en la privacidad personal, disfrazada bajo el manto de una investigación de narcotráfico. Molina fue hallado culpable de haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su propia esposa y de un presunto amante, motivado por sospechas de infidelidad. Este veredicto no sólo subraya la gravedad de los hechos, sino que también resalta la complejidad de las tramas de corrupción que han afectado a la Justicia Federal en la provincia.
La investigación, liderada por el fiscal general Carlos Schaefer y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, había solicitado una pena de cinco años de prisión para Molina. Los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino fueron los encargados de emitir la sentencia, la cual, además de la pena de prisión, incluye una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Los fundamentos completos de esta decisión judicial se darán a conocer el próximo 5 de agosto, fecha esperada para entender en detalle las consideraciones que llevaron al Tribunal a esta determinación.
El caso contra Pablo Carlos Molina se remonta a septiembre de 2014, cuando, en su rol de secretario a cargo de la Secretaría Penal N.º 2 del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, confeccionó y firmó un oficio judicial. Este documento, que también llevaba la rúbrica del entonces juez federal Soto Dávila, comunicaba falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), la entidad encargada de las escuchas en ese momento, la supuesta disposición de una intervención telefónica. El oficio indicaba que dos abonados estaban vinculados a una investigación en curso por narcotráfico y que, por ello, sus líneas debían ser intervenidas por un período de 30 días corridos.
Sin embargo, la realidad detrás de este acto era muy distinta. Según la explicación de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), las líneas telefónicas que Molina había ordenado intervenir no pertenecían a narcotraficantes, sino que eran las utilizadas por su propia esposa y por un allegado a ella. La motivación de Molina no era la lucha contra el crimen organizado, sino una sospecha personal: creía que su esposa mantenía una relación extramatrimonial. Este grave desvío de las facultades judiciales para fines personales y privados constituye el núcleo del delito de abuso de autoridad y falsedad ideológica, al manipular un instrumento público para un propósito ilegítimo.
La trama de la intervención ilegal permaneció oculta durante varios años, hasta que en marzo de 2019 el velo comenzó a levantarse. Fue entonces cuando personal judicial, mientras realizaba un relevamiento de efectos, descubrió 28 discos compactos. Estos CD contenían el material resultante de las comunicaciones interceptadas ilegalmente entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014.s